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GRAN LÍO CATALÁN: SECESIONISMO VOLUNTARISTA?

CON INFORMACIÓN DE ABC/LA VANGUARDIA/EL PERIÓDICO DE ARAGÓN/EL PAÍS
Las agrupaciones recuerdan que el ministerio público actuará ante la “flagrante y reiterada vulneración de la legalidad”

Los secesionistas controlan directamente las tres cuartas partes de las alcaldías

El independentismo pretende movilizar a más de 700 ayuntamientos en su rebelión contra el Estado. Son, como mínimo, aquellos cuyas alcaldías son controladas directamente por las formaciones independentistas: la Esquerra de Oriol Junqueras, el PDECat -la antigua Convergencia- de Carles Puigdemont, y los antisistema de la CUP.

La Generalitat ya ha apelado abiertamente a todos los ayuntamientos para que faciliten la celebración del pretendido referéndum ilegal del 1 de octubre. Presiona para que los consistorios se mantengan disciplinados a lo que les ordene la Generalitat al respecto, pese a las consecuencias judicionales a las que se enfrentarán, incluso en el orden penal.

Para los partidos independentistas, los ayuntamientos son el instrumento fundamental para poner en práctica la deriva golpista en la que se han instalado. De lo contrario, la estrategia marcada desde el 'Parlament' y la Generalitat se vería frustrada a pie de calle. De ahí la relevancia estratégica que los independentistas dan a los ayuntamientos y la presión que han empezado a ejercer a alcaldes y concejales. Mientras tanto, las decisiones que ha empezado a adoptar el Tribunal Constitucional (TC) suponen una advertencia directa a los alcaldes de que no pueden adoptar ninguna decisión, ningún acto, para facilitar el referéndum ni ninguna otra de las normas secesionistas que ha anulado el TC.

Captura de uno de los mensajes difundidos por la CUP en las redes sociales sobre alcaldes que se han adherido al referéndum ilegal
Captura de uno de los mensajes difundidos por la CUP en las redes sociales sobre alcaldes que se han adherido al referéndum ilegal
Ya han sido varios los alcaldes de la órbita independentista que han empezado a desafiar al Estado de Derecho y han propagado públicamente su alineamiento con los dictámenes secesionistas emanados desde el 'Parlament' y la Generalitat. 380 de los 947 municipios ya han señalado que cederán espacios para poder votar el próximo 1-O, aunque es casi seguro que esa cifra llegará a ser mayor.

El independentismo en los ayuntamientos
El mapa municipal de Cataluña está copado por los independentistas. Especialmente en las provincias de Lérida y Gerona. En la de Barcelona es donde tienen menos fuerza y, aún así, ocupan el 56% de las concejalías y -fruto de los pactos- el 64% de las alcaldías. Y esto sin contar los alcaldes que no militan en el PDCat, Esquerra o la CUP, pero que también son proclives al «derecho a decidir».

En cómputo global, de los 947 ayuntamientos que hay en Cataluña, 715 tienen alcaldes del PDECat, Esquerra o la CUP. En concreto, más de 400 son del PDCat, unos 260 de ERC y una veintena están en manos de la CUP. En cómputo global de concejales -cifra que incluye a los que ostentan el cargo de alcaldes-, los de Puigdemont suman casi 3.400 ediles, ERC roza los 2.400 y la CUP ronda los 380.

Una solitaria alcaldía del PP
La demoledora presencia de los independentistas en el mapa municipal catalán queda evidenciada de forma aún más rotunda si se tiene en cuenta la ínfima presencia del PP: solo tiene una alcaldía, la que ostenta en el pueblo barcelonés de Pontons, y un par de cientos de concejales en toda Cataluña. Por su parte, C's se tiene que conformar con menos de 200 concejales en toda Cataluña.

En cuanto al PSC -entre cuyas filas conviven constitucionalistas y partidarios del «derecho a decidir»-, disfruta de 122 de las casi mil alcaldías que hay en Cataluña, y unos 1.300 concejales -tan solo el 14% del total-.

El independentismo, por provincias
En la provincia de Lérida es donde el independentismo tiene más presencia municipal: entre el PDECat, ERC y CUP copan casi 1.400 de las 1.725 concejalías, el 80,5%, y tienen en su poder el bastón de mando de 195 ayuntamientos, el 84% de todas las alcaldías de la provincia.

En la provincia de Gerona, por su parte, controlan 184 alcaldías, el 83% del total) y suman casi 1.500 ediles, el 77% de todos los escaños municipales de la provincia.

Por su parte, en la provincia de Tarragona el independentismo controla directamente 138 alcaldías, el 75% del total, y supera los 1.130 concejales en una provincia que cuenta con un total de 1.676 ediles.

La provincia donde el independentismo tiene un menor peso es Barcelona. Y, aún así, también es mayoritario en los órganos políticos de las corporaciones locales. Así, tiene en sus manos 198 de las 311 alcaldías de la provincia -el 64% del total-, y unas 2.100 de las 3.749 concejalías (56,4%).

Papeletas referéndum Cataluña Agentes de la Guardia Civil entran en la imprenta de Constantí por el 1-O

Agentes de la Guardia Civil han entrado sobre las 14:30 horas en las instalaciones de la imprenta de Constantí (Tarragona) después de dos días vigilando esta empresa por si se localizase documentación relacionada con el referéndum del 1 de octubre, ya suspendido por el Tribunal Constitucional.

Dos dotaciones de la Guardia Civil han accedido a la imprenta por la puerta de atrás y han entrado en el interior de la empresa varios agentes que portaban cajas para trasladar documentación u objetos

El Parlament consuma el desafío y aprueba la Ley de Transitoriedad

QUICO SALLÉS
El Parlament ha aprobado la ley Fundacional de la República y de Transitoriedad. Es decir, el marco legal por el que debe regirse Catalunya si el 1-O gana el Sí hasta las elecciones constituyentes y que reconoce la soberanía del Aran y del pueblo aranés. El texto ha sido aprobado por los 71 votos de JxSí, la CUP y el no adscrito Germà Gordó, y 10 votos en contra de CSQP. Cs, PSC y PP han vuelto a abandonar el hemiciclo y no han participado en la votación.

El texto ha visto la luz pocas horas después que el Tribunal Constitucional suspendiera la Ley del Referéndum y después de una larga sesión marcada por la bronca, paros continuos, reconsideraciones, un acuerdo del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que regañaba a la Mesa e incluso algún problema de entendimiento dentro de la mayoría independentista que ha demorado hasta al mediodía la petición de inclusión en el orden del día la votación de la Ley Fundacional.


La aprobación por la vía exprés del artículo 83.1 del Reglamento -sin debate a la totalidad, sin dictamen del CGE y con sólo dos horas para presentar enmiendas- ha vuelto a provocar una auténtica guerra de desgaste y resistencia entre mayoría independentista y la oposición que se ha alargado hasta las dos de la mañana.

Albiol: “Son la principal amenaza a la Unión Europea”
El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha acusado la mayoría independentista de “dar patadas al reglamento” y ser la “amenaza principal de la Unión Europea”. “Su proyecto ha fracasado, su proceso de radicalización avergüenza a las personas decentes que creen en la libertad”, ha añadido. También ha asegurado que los impulsores de la Ley no tienen ni han tenido el apoyo mayoritario de la sociedad”. “Sólo les apoya la CUP y las entidades independentistas radicalizadas”, ha remarcado.

“Secuestran la democracia”, ha acusado para insistir que “no se celebrará un referéndum para separar Catalunya”. “No tienen capacidad de echar del Estado español de Catalunya ni para hacer cumplir sus leyes de ruptura”, ha concluido.

Jordi Orobitg:¡Viva Catalunya libre!
Uno de los relatores ponentes de la Ley de JxSí, Jordi Orobitg, ha sido el encargado de defenderla en pleno. Orobitg ha empezado su intervención mostrando el agradecimiento de su grupo a la presidenta Carme Forcadell por la “gestión del pleno”. Incluso ha denunciado el “menosprecio que ha recibido por su condición de mujer” a lo largo de la sesión.

Antes de entrar en el contenido de la Ley, el diputado juntero ha aprovechado para replicar el discurso de Joan Coscubiela que horas antes había pronunciado que ha sido ovacionado por los diputados PSC, PP y C’s puestos en pie. “La vida es dura,incluso por aquellos que aspiraban a ser aplaudidos por el politburó y acaban siendo aplaudidos por la derecha más rancia de Europa”, ha criticado.

Orobitg ha definido la ley como “la herramienta para construir el nuevo Estado” -frente al Estado “opresor” que es España- y ha glosado la “generosidad” para con los ciudadanos que quieran tener la nacionalidad catalana. Asimismo ha subrayado la voluntad de pacto con el Estado.”Para Catalunya y los catalanes, ¡Salud y república! Para Catalunya y los catalanes ¡Viva Catalunya libre!”, ha acabado su intervención.

Salellas: La Ley es un epitafio del proceso
Por su parte, el diputado relator de la CUP, Benet Salellas, ha definido la Ley como un “epitafio al proyecto político de los últimos 7 años”. El portavoz cupero ha repetido que no se trata de una ley que forma un Estado en base a la identidad sino en base a una república que defiende las personas y sus derechos.

Salellas ha sido claro: “Autonomía no es soberanía, porque donde hay Constitución no puede haber soberanía que no sea la de la Constitución”. Para Salellas, esta ley es un “instrumento jurídico de visión pluralista”. Pero el cupero no ha presentado la ley como un instrumento mágico porque no garantiza pasar de “ley a ley”. “Aunque se diga a menudo, no podremos transitar de la ley española a la ley catalana sin más”, ha señalado para argumentar que en algún momento sólo se podrá obedecer la legalidad catalana.

Arrimadas: “Es una cosa que no es una ley”
La líder de C’s, Inés Arrimadas, ha cargado de buenas a primeras contra la Ley. “Es una cosa que no es una ley y es una cosa que no entraña nunca en vigor”, ha sentenciado.

De hecho, la ha tildado de “panfleto” y “despropósito jurídico”. Arrimadas ha presentado una ley que “se carga el derecho internacional” porque “obliga a los países a firmar acuerdos internacionales. Para Arrimadas, “hay muchos miembros de JxSí que piensan que la ley no va a ningún lugar” y que “no va servir para nada”.

Ciudadanos ha presentado una enmienda para reconvertir los 89 artículos de la Ley en un único artículo que defiende el actual marco legal que rige la política catalana.

Iceta: Liquida la Constitución y el Estatuto
El líder del PSC, Miquel Iceta, ha descrito la ley como un instrumento para “liquidar la Constitución y el Estatuto”. Para el socialista, la ley “entierra a Montesquieu” y es “una chapuza jurídica”. “Ustedes mismos saben que tiene escaso rigor y que pasará en el cajón de leyes suspendidas”, ha criticado.

Para Iceta, el objeto de la mayoría independentista es sustituir el actual marco legal “por un modelo de escasa calidad democrática, no sé en este momento si más inspirado en Kosovo o en Montenegro”

Coscubiela: “Han regalado la bandera de la democracia al PP”
“Esta ley es papel mojado”, ha sentenciado Coscubiela que ha cargado las tintas contra el texto. “Es un texto para continuar la ficción en la que viven”, ha remarcado. Para el portavoz de la confluencia, el pleno ha vivido “48 horas negras” donde la mayoría independentista ha “regalado la bandera de la democracia al PP”.

Gordó, con la ley
Por su parte el diputado no adscrito Germà Gordó ha argumentado su voto favorable en su convicción que Catalunya es soberana y en defensa de la soberanía del Aran.

Las enmiendas
El PP ha retirado su enmienda y han sido rechazadas las de C’s. En cambio se han aceptado las enmiendas de los grupos proponentes que aplican cambios en la sindicatura electoral, refuerzan la soberanía del Aran y el pueblo aranés y da un reconocimiento expreso a la lengua de signos catalana.


El Estado se planta

IOLANDA MÁRMOL / FIDEL MASREAL
Flota en los pasillos del Palacio de la Moncloa una extraña sensación de irrealidad, tan inapelable como paradójica: todos sabían que el choque de trenes entre la Generalitat y el Estado iba a ocurrir y nadie esperaba que sucediese. El Gobierno admite la perplejidad, pero Mariano Rajoy aprendió del 9-N que debía haber preparado un plan de crisis y este jueves salió a desplegar la respuesta del Ejecutivo para frenar el desafío independentista. En 48 horas, Junts pel Sí y la CUP han aprobado la arquitectura jurídica para desgajar a Catalunya de España en dos plenos del Parlament extenuantes y tensos como nunca. Y en solo 24 horas, el Gobierno y el Tribunal Constitucional han laminado los cimientos del 1-O.

El Gobierno respondió en dos esferas. La jurídica: cuatro recursos al Tribunal Constitucional, que ya de noche suspendió las leyes validadas en la Cámara catalana y apercibió a un millar de cargos políticos y no políticos de las consecuencias penales de desobedecerle. Y la dialéctica: la patrimonialización del concepto 'democracia'. Rajoy trató de adueñarse de su significado para erigirse en el defensor y garante de la libertad frente a los “radicales”.

La poderosa teatralidad de la bronca del Parlament y la respuesta grandilocuente de Moncloa, han dado alas al concepto fuerza que ha comenzado a circular en los argumentarios de los populares: “golpe de Estado”. Frente a esa amenaza, Rajoy advirtió por primera vez que si se celebra el referéndum el 1-O, podría estar en juego el autogobierno de Catalunya. No fue un desliz. Lo leyó en un comunicado que su equipo preparó y revisó al milímetro.

Épica y drama
El Parlament y Moncloa se miraban de reojo en una jornada de épica y drama. El Parlament, robándole horas al sueño, se reabrió con una ley del referéndum aprobada la noche anterior y con una ley de transitoriedad alumbrada ya entrada la madrugada del viernes, en otra jornada que algunos vieron “histórica” y otros como “histriónica”. Mientras tanto, la Generalitat desplegaba el referéndum desde el minuto uno, demostrando una clara intencionalidad de tirar adelante con la ley y el decreto de convocatoria aprobados el miércoles y suspendidos a las 24 horas.

Se puso en marcha la web del referéndum, se enviaron cartas a todos los alcaldes reclamándoles que indiquen en dos días qué locales ponen a disposición y se hizo caso omiso a los avisos que iban llegando des la fiscalía y el Consejo de Ministros. El fiscal general del Estado anunció que la querella contra los miembros de la Mesa del Parlament se ampliaba al ‘president', Carles Puigdemont, y el resto de su Ejecutivo. Nada más comparecer José Manuel Maza, el portavoz del Govern, Jordi Turull, denunciaba un “estado de sitio" encubierto, pero recomendaba calma y mantenimiento del rumbo previsto.

Los informes del Consejo de Estado, que son preceptivos para plantear un recurso ante el TC, habían llegado a la Moncloa a las tres de la madrugada. Por la mañana, mientras los abogados de Estado redactaban los escritos al alto tribunal, Rajoy se reunió con el líder de la oposición, Pedro Sánchez. Es un apoyo que el presidente agradeció públicamente, sabedor de que Podemos iba a usar en la izquierda la consabida bala de la derechización.

"Firmeza y aplomo"
Cuando se despidió del secretario general del PSOE, Rajoy presidió el Consejo de Ministros y compareció en una escenografía de solemnidad, arropado por todos los miembros de su gabinete, para intentar transmitir un mensaje de hombre de Estado. “Soy muy consciente de mis obligaciones y de la gravedad del momento, de lo que está en juego. Sé lo que se espera de mí. Y les puedo asegurar que no he dedicado tantos años a mi país y al interés general como para permitir ahora que se pueda liquidar de un plumazo nuestro modelo de convivencia”, advirtió.

Suele admitir la Moncloa que su no-comparecencia el 9-N del 2014, tras la exitosa consulta soberanista, fue probablemente el peor error en la presidencia de Rajoy. Por eso este jueves quiso dirigirse a los ciudadanos como un jefe de Gobierno que no va “a vacilar a la hora de cumplir su deber” con “firmeza, aplomo, serenidad y dignidad”.

Desafío redoblado
Nada mejor para indicar la voluntad de desafío que la tramitación de la segunda de las leyes de ruptura, la de transitoriedad jurídica, la que fija la arquitectura legal y política básica de una Catalunya independiente si vence el 'sí' el 1-O. Sin embargo, el pleno parlamentario se encalló de nuevo, como el miércoles, en repetidas reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces, en las que los grupos de la oposición trataban de evitar el debate de la ley, denunciando que de nuevo la mayoría parlamentaria la tramitaba recortando derechos de las minorías.

Este combate entre unos y otros se alargó por espacio de horas durante la tarde noche de este jueves hasta que finalmente la mayoría independentista logró aprobar una norma con la que se redobla el desafío hacia el Estado tras la aprobación de la ley y el decreto del referéndum del 1-O.

FISCALES ACUSAN...

Las tres asociaciones de fiscales han mostrado este jueves su “honda preocupación y profundo rechazo” ante los últimos movimientos secesionistas adoptados por el Parlamento y la Generalitat de Cataluña. En un comunicado conjunto, la Asociación de Fiscales (conservadora y mayoritaria), la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han considerado que la admisión a trámite y la aprobación de la Ley del Referéndum y de la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica suponen una “flagrante y reiterada vulneración de la legalidad”.


“Los votos de una apretada mayoría de diputados del Parlament no pueden dinamitar la estructura legal y constitucional de un Estado como el español, ni pueden imponer una visión parcial y sesgada de lo que significa la convivencia democrática con el único objetivo de conseguir sus propios fines”, señala el comunicado. En la misma nota, aunque se recuerda que en esta situación subyace un problema político, los fiscales subrayan que “asumen con convicción y responsabilidad el desempeño de las funciones que legal y constitucionalmente tenemos atribuidas”, es decir defender las leyes.

La unanimidad expresada por las asociaciones de fiscales contrasta con la división de las asociaciones judiciales. La organización progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que ha evitado pronunciarse oficialmente sobre el desafío independentista catalán, no se sumó al comunicado lanzado el miércoles por las otras tres asociaciones principales de la judicatura. Las delegaciones en Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente anunciaron que los jueces no aplicarán las leyes de ruptura con España. “Nuestra obligación como jueces y magistrados será no aplicar ninguna de esas normas, así como ninguna disposición o resolución administrativa que derive de ellas”, señalaba aquella nota.

“Los jueces estamos sometidos al imperio de la ley y nos hemos comprometido solemnemente no solo a cumplir sino a hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, administrando recta e imparcial justicia”, recordaban las tres asociaciones jurídicas. A renglón seguido, señalaban que “la gravedad de la situación” les obliga a “actuar con singular serenidad y prudencia”.

Juezas y Jueces para la Democracia ha emitido un comunicado este jueves en el que expresan "su compromiso firme y leal con la Constitución" y su "respeto firme y absoluto" a los procedimientos legales establecidos, a las sentencias de los tribunales y, en concreto, a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. "Nos oponemos firmemente a cualquier propuesta legal que conmine a las juezas y jueces que ejercen en Catalunya a optar, para continuar en dicho territorio, por adherirse a determinados ideales políticos o partidistas", añade el comunicado.

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