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En un Cambio de Discurso, las Autoridades Mineras Reconocen Conflictos entre Minería y Glaciares

CEDHA-CENTRO DE DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTE
Se armó un revuelo en el gobierno nacional por dos documentos elaborados en el despacho del Sub Secretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Osvaldo Capello que ponen en riesgo a más de US$10,000 millones de dólares en inversiones mineras por el impacto que los proyectos podrían causar en glaciares y en ambiente periglacial.
gran proveedor de recurso hídrico, en riesgo por la minería. Foto: JP Milana


Lo engorroso para el Estado de los documentos del equipo de Capello es que finalmente se reconoció explícitamente lo que se siempre se ha negado desde el gobierno nacional y desde las agencias mineras de gobiernos provinciales como San Juan, La Rioja y Catamarca, que efectivamente hay minería donde hay glaciares, que el gobierno lo sabía, y que si la Ley de Glaciares se mantiene, proyectos mineros valuados en mas de US$10,000 podrían dejar de existir.



La relación entre minería y glaciares siempre fue secreto de estado, y solo era un reclamo de organizaciones de la sociedad civil que hace años advierten que proyectos mineros afectan a glaciares y a ambiente periglacial en violación a la ley de Glaciares que rige desde el 2010.

Llámese desprolijidad en elaborar la prueba condenatoria que ahora circula libremente por internet, o simplemente una cruda realidad sin anestesia que ya no se podía esconder, los dos documentos producidos por Capello y su equipo en la Secretaria de Desarrollo Minero, uno de ellos un Power Point de 13 filminas que muestra a los proyectos conflictivos, y otro un borrador de una nueva reglamentación de la ley de glaciares diseñada para circunnavegar a la Ley de Glaciares y dar flexibilidad a la minería, ambos documentos despiertan nuevamente, y de manera contundente, el conflicto que se había dado en las deliberaciones congresistas por la votación final de la Ley de Glaciares hace ya seis años.

El Powerpoint de la Secretaria de Desarrollo Minero, como se podría esperar, no hace hincapié en el valor hídrico de las enormes masas de hielo identificadas en zonas mineras, sino en alertar sobre el valor económico de los proyectos mineros que estarían limitados por la Ley de Glaciares, estimado en unos US$8,800 millones, según el equipo de Capello. Además, Minería dejó entrever la estrategia de las autoridades mineras para obviar la ley. Dice en la filmina mas controvertida: “La metodología de la Mesa Técnica permite identificar cuáles GE [Glaciares de Escombros] no tienen una cantidad relevante de hielo (Estudio de Significancia Hídrica), para así exceptuarlos del área a proteger”. La redacción además de estar en contra de la Ley de Glaciares, pues toda masa de hielo, no importando su tamaño o forma (o nivel de relevancia hídrica), está protegido por ley, revela la estrategia y maniobra burocrática de las autoridades para permitir que proyectos que destruyen ambiente periglacial, puedan ignorar la ley.

El mismo Powerpoint además revela que el gobierno ya tiene amplio conocimiento del conflicto entre la minería y los glaciares, a pesar de la larga y sistemática negación de las autoridades mineras, sobre la existencia de proyectos mineros en zonas de glaciares y de ambiente periglacial. Es irónico que es Mario Capello, traído de una provincia minera como San Juan, que niega rotundamente que hubiera un conflicto entre la minería y los glaciares, quien generó el primer documento de Estado que reconoce el conflicto en blanco y negro. Capello identifica al menos siete proyectos problemáticos para la Ley de Glaciares, a saber, El Pachón (de Glencore), Altar (de Stillwater), Los Azules (de McEwen), Pascua Lama y del Carmen (de Barrick Gold), y Constelación (de NGEx). Según la documentación que circula del Estado, estos proyectos estarían en zonas que tienen o podrían tener conflictos que terminen con las inversiones.

La ex Secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, y su ONG, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) lo venían advirtiendo hace años desde que Picolotti renunció a su cargo por el veto de Cristina Fernández a la primer versión de la Ley de Glaciares. La Presidenta vetó la ley unánimemente aprobada por el Congreso, y lo hizo, según sus propias declaraciones, por defender a los intereses mineros, especialmente proyectos como Pascua Lama de Barrick Gold y El Pachón de Glencore que estaban por iniciar y que serían frenados por estar en zonas glaciarias y de ambiente periglacial, ahora protegidas por ley. Pascua Lama hoy permanece cerrado de ambos lados de la frontera justamente por contaminación a glaciares y a otros recursos naturales. Se estima que Barrick Gold ya abandonó la idea de seguir con la inversión alguna vez valuada en mas de US$10,000 y que estaría buscando vender sus activos a inversores chinos.

Desde la adopción de la Ley de Glaciares, el CEDHA publicó numerosos informes mostrando el conflicto de la minería en los Andes Centrales, particularmente en provincias como San Juan, Catamarca y La Rioja, y otras zonas de los Andes ricas en glaciares y en ambiente periglacial, ambos importantísimos para el abastecimiento hídrico y para la regulación de cuentas. Hasta la filtración de estos documentos, las autoridades mineras siempre negaron el conflicto entre la minería y los recursos glaciares y periglaciales protegidos por ley. En la siguiente imagen, del proyecto Altar en San Juan, se puede ver como claramente los caminos de exploración minera cortan en varios lugares a un glaciar de escombros y atraviesan y destruyen superficies de ambiente periglacial.



En otro caso (foto a continuación) en Catamarca, próximo a Agua Rica de Yamana Gold, nuevamente, caminos mineros atraviesan ambiente periglacial y glaciares de escombros protegidos por ley.

En Catamarca, los proyectos Agua Rica y Filo Colorado se exploraron en plena zona de ambiente periglacial. Aun quedan los indicios de la destrucción. Las empresas nunca reconocieron, ni se hicieron cargo de reparar el daño. La gobernación de la provincia niega todo impacto.




El proyecto los Azules, una de las esperanzas de la provincia de San Juan esta emplazado en ambiente periglacial, con varios glaciares de escombros ya afectados por la exploración minera.




El proyecto Pachón, un proyecto binacional de cobre en la Provincia de San Juan en el límite con Chile, muestra evidencias de intervención minera en glaciares de escombros activos. Se sabe que glaciólogos del IANIGLA han estado trabajando con la empresa Glencore (anteriormente Xstrata Copper) en el estudio sobre estos impactos. En el caso de El Pachón, la misma empresa produjo un mapeo que muestra a mas de 200 glaciares de escombros en la zona de exploración minera otorgada al proyecto. (ver mapa a continuación)



Con la circulación inesperada de estos documentos oficiales provenientes de la máxima autoridad minera del país, quedó claro que el gobierno nacional hace tiempo sabe del conflicto entre la minería y los glaciares y que busca arduamente la forma de obviar las restricciones mineras de la Ley de Glaciares. Por lo pronto, la estrategia ha sido dejar correr el tiempo para dejar avanzar sin barreras a la minería cuestionable. Las demoras de arranque de proyectos como consecuencia de las restricciones macro-económicas del anterior gobierno, sin embargo, complicaron los inicios de los principales proyectos en cartera (Pascua Lama, El Pachón, Los Azules, y Agua Rica). Ahora que el gobierno nacional quiere reiniciar estos proyectos, se encuentran con un escenario mundial económico con baja del precio de minerales, pero también con una Ley de Glaciares que pone en cuestión a la legalidad de cada uno de estos emprendimientos.





El segundo documento filtrado por la Secretaria de Desasrrollo Minero es un borrador de una nueva reglamentación de la Ley de Glaciares propuesta por la Secretaria de Minería, que establecería los mecanismos necesarios para evitar la implementación de la ley de glaciares, una maniobra administrativa ya utilizada por el gobierno de la provincia de San Juan con el caso de Pascua Lama de Barrick Gold (cuando aun había posibilidades de su implementación), que establecería un estudio de “relevancia hídrica” diseñado con la intención de poder obviar las restricciones mineras establecidas por la ley de glaciares. “Hecha la ley, hecha la trampa”, dicen los ambientalistas. Las autoridades mineras piensan utilizar argumentos de las mineras, como los de la consultora BGC, hidrólogos de Barrick Gold, que argumentan que los glaciares no aportan agua, para obviar la ley.

Por lo pronto, Mario Capello y la Sub Secretaria de Desarrollo Minero se metieron en un brete con estos documentos filtrados, tienen la  justicia encima y la prueba a la vista por su propia letra. ,La minería afecta glaciares, y no hay nada que hacerle.




* Jorge Daniel Taillant dirige al Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), fundado conjuntamente con Romina Picolotti, quien fue Secretaria de Ambiente de la Nación 2006-2008) y trabajó en la redacción y adopción de Ley de Glaciares (2008 y luego 2010). Picolotti renunció del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando la Presidente vetó la Ley de Glaciares. Considerando el contexto político del veto a la Ley de Glaciares, y por ello suponiendo que las autoridades nacionales, particularmente el ahora Ministerio de Ambiente y la Secretaria de Minería demorarían y quizás nunca publicarían información creíble sobre el conflicto entre la minería y los glaciares, Taillant se capacitó en glaciología y particularmente en el relevamiento de crioformas en el ambiente periglacial, y desde CEDHA, con el apoyo de varios glaciólogos de renombre, realizó un inventario que hoy supera a los 5,000 glaciares y glaciares de roca, muchos de ellos en zonas mineras. CEDHA ha publicado numerosos informes sobre el impactos minero en glaciares y en ambiente periglacial en la República Argentina.
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