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Preocupa al Gobierno la instalación de pruebas falsas

En el juzgado del magistrado que lleva el caso Avruj al llegar ayer al juzgado del magistrado que lleva el caso.

LA NACIÓN
El Gobierno mira con preocupación todo lo que ocurre alrededor de la causa judicial que investiga la desaparición de Santiago Maldonado. Cerca del presidente Mauricio Macri crece la sospecha de que hay interesados en desviar la investigación con pistas falsas y que incluso algunos de los testimonios que se presentaron estarían armados.


Aunque no hay un señalamiento directo, fuentes oficiales confirmaron que la desconfianza se posa sobre el trabajo que lleva adelante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside Horacio Verbitsky, uno de los querellantes de la causa. En el radar del Gobierno también aparece la acción que está llevando adelante la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), fiscalía de muy buena sintonía con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, enemiga número uno del Presidente.

"Hay una arremetida desenfrenada para instalar pruebas falsas", describió un integrante del gabinete que está al tanto de cada detalle de la investigación.


Según pudo saber LA NACION, a los investigadores les llamó la atención el vocabulario que utilizaron algunos de los testigos. "Nos dio la impresión de que están preparados, aunque no los descartamos", sostuvo un hombre que conoce el contenido de los dos expedientes, el habeas corpus y el caratulado como desaparición forzada.

Ayer, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, y la fiscal federal Silvina Ávila les confirmaron a los representantes del Gobierno -el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj , y al secretario de Justicia, Santiago Otamendi- que aún no hay en el expediente que lleva adelante pruebas de peso que relacionen a la Gendarmería con la desaparición de Santiago Maldonado.

La falta de indicios y certezas sobre el comportamiento de los gendarmes que participaron de la represión de los manifestantes que se movilizaron el 1° de agosto -hasta el momento esa hipótesis se sostiene en los testimonios que aportaron testigos en los últimos días-, entre los que se habría encontrado Maldonado, no implica que esa fuerza de seguridad no haya tenido responsabilidad sobre el hecho.

"Están todas las hipótesis abiertas y dentro de ellas está la de la Gendarmería, pero es una de las tantas hipótesis. No hay ningún indicio concreto", explicó Avruj tras reunirse con el magistrado. Y agregó: "No hay ningún encubrimiento, estamos poniendo todo en favor de la investigación".

Según confirmaron testigos del encuentro, el juez agradeció la asistencia, aunque por el momento no utilizará ninguna de las herramientas que le presentaron el Ministerio de Seguridad, como por ejemplo el programa de protección de testigos. Otranto también reconoció al Gobierno la aplicación de la ley de asistencia a la víctima. El ministerio a cargo de Germán Garavano se está haciendo cargo de algunos gastos inherentes a investigadores que están ayudando a la querella de la familia.

"Estamos poniendo todo en favor de la investigación y vamos a seguir ofreciendo toda la colaboración. Hay un interés supremo del Gobierno por encontrar a Santiago y saber qué pasó. Acá no hay ninguna especulación posible y ningún encubrimiento posible", resaltó Avruj.

Una de las preocupaciones de Mauricio Macri tiene que ver con la falta de respuesta. En ese sentido, el juez Otranto les comunicó a los enviados del Presidente que esta pesquisa está en los tiempos normales para un expediente de estas características. Y avisó que no tendrá una rápida resolución.

"Es una causa delicada de largo aliento", les dijo el funcionario judicial a Avruj y Otamendi.

El juez, que no ordenó todavía nuevos allanamientos ni rastrillajes, también le pidió colaboración al Gobierno para concientizar a aquellos que puedan aportar datos de que se acerquen a la Justicia. "Necesita recoger más testimonios", explicaron fuentes oficiales.

Preocupado por las implicancias jurídicas, políticas y sociales que está generando la desaparición de Maldonado, Macri envió a Avruj y a Otamendi para facilitarle al juez herramientas que permitan dilucidar qué sucedió con el joven artesano. Lo hizo como un gesto para mostrar que el Gobierno está "al servicio" de la Justicia.


Ante la falta de información sobre el paradero de Santiago Maldonado, el Gobierno decidió aumentar a 2.000.000 de pesos la recompensa para quien aporte datos certeros sobre el joven, cuyo paradero se desconoce desde el 1° de agosto.

El 8 de agosto, una semana después de que desapareció el joven tras un procedimiento de la Gendarmería para desalojar una protesta mapuche en la ruta 40, en Chubut, el Gobierno dispuso a través de la resolución 801-E/2017 una recompensa de $ 500.000 para quien aporte datos que permitan encontrar a Maldonado. La resolución había sido firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ahora resolvió incrementar el monto de la recompensa.